Según Herrera, además de en Canarias, la mayor parte de estos restos del régimen franquista se sitúan en Andalucía (12) y Madrid (6; al igual que Canarias) principalmente en comisarías de Policía y cuarteles de la Guardia Civil.
Así, en las preguntas del diputado el catalán reproduce el artículo 15 de la conocida como Ley de Memoria Histórica en la que se prevé que las administraciones públicas tomen las medidas oportunas para la retirada de los símbolos -escudos, placas u objetos- "que contengan menciones conmemorativas de exaltación personal, personal o colectiva de la sublevación militar, la Guerra Civil y la represión de la dictadura".
Esta norma introduce una salvedad, también recogida en los escritos de Herrera: No serán eliminadas las menciones de "estricto recuerdo privado", las que no incluyan "exaltación de los enfrentados" o las que estén protegidas por la ley por "razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas".
Los símbolos recopilados por el diputado de ICV son en su mayoría escudos preconstitucionales que permanecen en determinadas dependencias de la Policía Nacional y la Guardia Civil, normalmente en sus fachadas, aunque también se interesa por el futuro de otros objetos que describe con detalle.
Herrera también interroga al Gobierno sobre inscripciones con lemas como Una, grande y libre, Asesinatos por las hordas rojas, Glorioso Alzamiento Nacional, Bajo la Paz de Franco, ¡Arriba España! y ¡Viva España!.
En todos los casos, Herrera exige saber si el Gobierno tiene previsto proceder a la retirada del símbolo, cuándo prevé hacerlo si la respuesta es afirmativa y el por qué si es negativa.
Dado que en ocasiones anteriores el Ejecutivo se ha amparado en razones artísticas o arquitectónicas para no eliminar símbolos de este tipo, el diputado se adelanta a una respuesta similar planteando otra pregunta: "¿Considera el Gobierno que este recuerdo del franquismo debe ser mantenido porque concurren razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas?".
Por si la respuesta a esta última cuestión afirmativamente, Herrera plantea un último interrogante: "¿Cuándo fue protegida por la ley la exaltación franquista?".
El diputado de ICV no ha incluido, al menos en este cuestionario, ningún símbolo situado en edificios religiosos. Su formación ha solicitado que lo previsto en la Ley de Memoria en esta materia se aplique también en las dependencias eclesiásticas, incluso que se materialice la previsión legal que permite retirar "subvenciones o ayudas a los propietarios privados" que se nieguen a quitar la simbología franquista.
