REDACCIÓN. El hecho de que 2/3 de los grandes incendios forestales acaecidos en los últimos 40 años en Canarias, hayan tenido lugar en la Isla de La Palma, o que solo en los últimos 15 años, hayan ardido cerca de 12 mil hectáreas (120 millones de m2) de la masa forestal palmera, son datos que debieran sacar del sueño a las autoridades palmeras, canarias y españolas. Sin embargo, la danza infernal que las llamas mantuvieron durante cerca de 4 días en los municipios de Mazo y Fuencaliente, confirman, negro sobre blanco, que los encargados de preservar nuestra reserva forestal y de salvaguardar la vida de los habitantes del medio rural y sus medios de subsistencia, continúan en su extravío sin acertar a determinar qué es lo fundamental y qué es lo banal en el asunto de la correcta gestión de la administración pública. Lógicamente, no nos vamos a sumar desde estas páginas a la simplista y superficial campaña informativa con la que las radios y televisiones públicas, controladas por la mordaza oficial, nos han expuesto el desarrollo del siniestro. Nos interesan más las circunstancias que propiciaron y animaron las llamas, importándonos menos el color y dimensiones de las lenguas de fuego. Queremos centrarnos más en el análisis de si el siniestro hubiese sido evitable, sin distraernos en el puñado de euros que tardíamente puedan recibir los damnificados como lastimero y miserable pago que intenten compensar sus desgracias.
Hay que reconocerle esfuerzos a las administraciones canarias y españolas para alejar de la reflexión ciudadana las complicidades que las autoridades de aquí y allá tuvieron con la acción devastadora de este grave siniestro. En cuanto a coordinación, hay que igualmente destacar la habilidad de las diferentes administraciones (palmera, canaria y estatal), no en el ordenado uso de medios de prevención y extinción disponibles, sino en el cumplimiento de su obsceno pacto de silencio para evitar el reproche entre si de sus respectivas culpabilidades durante el desarrollo y desenlace de este nuevo desastre. Dicho más claramente: sobre doña Guadalupe González, don Paulino Rivero y el Sr. Rodríguez Zapatero, por separado y conjuntamente, recaen imputaciones directas en el devenir de la nueva tragedia vivida en nuestra castigada Isla, independientemente que los representantes del PSOE, CC o PP, pretendan lavar sus manos con pretextos tales como el infortunio, las altas temperaturas, la imprudencia o la piromanía.
Tras arrastrar durante décadas una situación de absoluta precariedad de medios preventivos y de extinción, se repiten ahora similares circunstancias a las acaecidas en el verano del 2005, en el que una amplia extensión del monte de Garafía era pasto de las llamas, pero con una gran y fatal diferencia: la importante incidencia que el actual siniestro ha tenido sobre la población y las actividades agropecuarias sobre la que descansan sus economías.
La Isla de La Palma y el resto del Archipiélago, continúa sin disponer de medios aéreos básicos con lo que si cuenta cualquiera de las comunidades autónomas españolas. Este hecho resulta menos comprensible por la distancia que tienen que cubrir los aparatos para desplazarse desde España cada ocasión que el Archipiélago se ve afectado por un incendio forestal. La intervención de los Air Tractor, de gran efectividad por su alta capacidad de carga de agua, resulta un medio fundamental en los primeros momentos de detectado un incendio para frenar su avance, perdiendo gran parte de su operatividad de extinción tras el retraso de hasta 48 horas (repostes incluidos) que produce su desplazamiento desde España hasta Canarias. No pasaremos por alto que, dos meses atrás, el Cabildo de La Palma prescindió temerariamente de la presencia compartida de una de estas unidades, alegando limitaciones presupuestarias. Sin embargo, el importe de la contratación del Air Tractor 802, cuantificado en 300 mil euros por campaña, fue destinado por la nueva presidenta del Cabildo a la preparación del acto que, por espacio de media hora, daba paso a la inauguración del Grantecan por parte de los Reyes de España. Así y todo, tampoco los gobiernos autónomo y español han movido un músculo en todos estos años atrás para dotar al Archipiélago de al menos con una de estas aeronaves, mientras que, por ejemplo, Castilla-La Mancha, dispone de cuatro de estos aparatos para proteger su territorio.
La desprofesionalización de los equipos forestales es sobradamente conocida en la Isla y ha sido objeto de múltiples denuncias. Además, la descabellada política de ahorro y de cesión de responsabilidades del Cabildo en materia de prevención y extinción, ha traído consigo la contratación en precario de cuadrillas de jóvenes inexpertos y sin formación, puestos a las órdenes de empresas privadas ávidas de dinero público. Son inexistentes determinadas actividades preventivas a las que vienen obligadas cumplir o hacer cumplir las instituciones públicas, entre ellas haremos solo mención a las labores de limpieza vegetal próximas a los núcleos urbanos y zonas habitadas, norma esta incluida en los protocolos básicos de prevención. Las medidas de pronto auxilio, resultaron inexistentes o extremadamente tardías durante las primeras horas del siniestro, dándose un considerable desconcierto y retraso en el uso en los escasos efectivos próximos a las zonas pobladas.
No nos vamos a tomar en serio las investigaciones “del equipo técnico”, anunciadas por El Cabildo palmero sobre las causas del incendio, entre otros motivos porque la Corporación insular, al igual que en otras muchas áreas, carece de especialistas en esta materia. Pero si que consideramos de interés que doña Guadalupe o cualquier otra autoridad con competencia en el tema, informen a la opinión pública sobre qué actuaciones preventivas realizaron en las fechas anteriores al siniestro y a las altas temperaturas para, por ejemplo, hacer efectiva la prohibición de impedir la utilización de material pirotécnico en los diferentes actos festivos que se celebraban en la Isla. Al final hasta pudiese ocurrir que la Corporación insular, con su Presidenta al frente, acabe imputada como inductora del siniestro.
Extremadamente insolentes nos parecen algunas de las informaciones facilitadas por las autoridades canarias y españolas a los medios de comunicación, como aquella que afirmaba que 4 mil vecinos (en realidad bastantes menos), habían sido evacuados de la zona del siniestro, ocurriendo en realidad que, fueron los lugareños por su propios medios y sin ser auxiliados por autoridad alguna, los que de madrugada, despavoridos, abandonaron sus hogares para refugiarse lejos de las llamas que cercaban sus viviendas.
Tras sembrar la alarma, la presidenta del Cabildo pretendió enmendar la metedura de pata con una inoportuna nota informativa en la que llamaba a los potenciales turistas a no dejar de visitar la Isla. Concluía la nota con la cínica afirmación de que los “palmeros ya estamos acostumbrados a los incendios forestales”, como dando a entender que la cosa no va con ella y que los repetidos siniestros forestales habidos y por venir, son de entera responsabilidad divina. Por ahora, algunas otras cuestiones de esta negra crónica, nos las callamos por vergüenza.
Importantísimos son los perjuicios que este incendio forestal ha tenido para los habitantes de Fuencaliente y Mazo, pero también catastróficos los daños de carácter ecológico que el siniestro ha tenido para La Palma y todo el Archipiélago con la incineración de una relevante área del valiosísimo ecosistema que nuevamente ha sucumbido ante otra gigantesca y mortífera lengua de fuego.
Jaime Bethencourt Rodríguez
Intersindical Canaria
